Declaración de Lima

imgEn el contexto de la realización de la Cumbre de las Américas en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, en la que Jefes de Estado y Gobierno de 34 países del continente americano estarán reunidos para discutir como tema central “Crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad”; los asistentes al Seminario Internacional “La Deuda Externa y sus efectos en el disfrute de los Derechos Humanos” realizado en Lima, los días 25 y 26 de octubre del 2005, miembros de redes internacionales y nacionales de la sociedad civil: Latindadd; Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo; Mesa de Trabajo Deuda y Desarrollo – Perú; Red Jubileo Perú; Central General de Trabajadores del Perú; Central Unitaria de Trabajadores y ciudadanos asistentes, expresamos:
CONSIDERANDO
Relación entre creación de trabajo y pago del servicio de la deuda

Que, además de la inversión empresarial pública o privada necesaria, una condición indispensable para que las personas en edad de trabajar puedan acceder a un puesto de trabajo productivo y decente es la calificación para el empleo (educación), el goce de buen estado de salud, y el acceso a una vivienda digna que incluya también el acceso a servicios de saneamiento y agua de calidad. Sólo así es que una persona que se encuentra en edad de trabajar, puede insertarse con éxito sostenidamente en el mercado laboral y así salir de la pobreza.
El derecho humano al trabajo reconocido en diversos instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), se encuentra indudablemente ligado al derecho humano a la educación, a la salud, a la alimentación, a la vivienda y al agua. De modo tal, que afirmamos la indivisibilidad e integralidad de los derechos humanos tal como se hizo mundialmente en la Conferencia de Viena en 1993, donde los Estados participantes se comprometieron a adoptar planes nacionales de derechos humanos.
No podemos hablar de crear trabajo para combatir la pobreza sin crear mecanismos que permitan que educación y salud de calidad, vivienda digna, alimentación adecuada y acceso al agua lleguen a la mayoría de la población que se encuentra en pobreza y pobreza extrema en nuestra  Región, que no gozan de estos servicios, y por tanto no pueden acceder a un puesto de trabajo y cambiar su condición.
Para que los Estados puedan hacer, que los ciudadanos residentes disfruten de estos derechos – cuya realización constituye obligaciones de los Estados que han ratificado el PIDESC – deben disponer de la mejor manera de todos sus recursos e incluso recurrir a la cooperación internacional como dispone el artículo 2.1 del PIDESC
Sin embargo, los Estados del continente se ven imposibilitados de destinar buena parte de sus recursos a los sectores salud, seguridad social, educación, vivienda, saneamiento, etc, pues se ven obligados por las Instituciones Financieras Internacionales (IFIS) a destinar altos montos de sus presupuestos públicos (más del 20%) de sus recursos disponibles, al pago de deuda pública externa, que en muchos casos tiene procedencia corrupta u odiosa.
EL peso de la Deuda Externa y las IFIS
Las IFIS actúan en defensa de los países acreedores y obligan a los Estados a realizar ajustes severos en sus gastos sociales a fin de generar superavits primarios, los cuales son destinados al pago de intereses de la deuda.
Incluso luego de descontar los intereses de la deuda y el capital, se genera déficit fiscal, el mismo que es cubierto con nuevo endeudamiento, privatizaciones y emisión de bonos. Por lo que el pago – en estas condiciones – de la deuda se convierte en un mecanismo permanente que imposibilita que millones de titulares de derechos humanos (ciudadanos) en la región accedan a los servicios básicos que posibilitarían su inserción en el mercado laboral.
Asimismo, la tendencia imperante desde el inicio de la década de los noventa ha sido la privatización de los activos del Estado, incluso de servicios públicos que garantizan los derechos humanos de salud y seguridad social. Lo que hace que el Estado privatice su responsabilidad y la descargue en las familias.
La Deuda Externa y los Tratados de Libre Comercio (TLC)

La prioridad en el pago del servicio de la deuda, las privatizaciones y las flexibilizaciones del mercado laboral, así como la ausencia del Estado configura el modelo económico que ha implementado la Región.
Los TLC consolidan esta tendencia, y además de estipular la eliminación de aranceles protegen principalmente las inversiones. En ese sentido, califican a la deuda como inversión, a fin de que este protegida de igual forma que las demás inversiones extranjeras.
En los tratados de libre comercio suscritos recientemente por Estados Unidos con Chile y los países centroamericanos, la deuda externa se ha incluido en el capítulo de inversiones. Ésta está sujeta a las normas de trato nacional y cláusula de nación más favorecida. Esto implica que nuestros Estados pierden el manejo soberano para resolver los problemas de endeudamiento, pudiendo estar expuestos a demandas ante tribunales arbitrales internacionales.
En los TLC subyacen políticas económicas que impedirán el cumplimiento de los DESC. Los TLC no son sólo acuerdos comerciales. Involucran políticas de Estado que profundizan la exclusión social y una mayor desigualdad en la distribución del ingreso, limita el acceso a la salud y educación a los sectores mas vulnerables  con impactos negativos sobre el ambiente y manejo soberano de nuestros recursos naturales, poniendo en riesgo la biodiversidad y el conocimiento tradicional.
El TLC tiene poco de libre y poco de comercio e incluye un nuevo papel del Estado en la economía, nuevos marcos legales y derechos a los inversionistas extranjeros, nuevas protecciones a la propiedad intelectual y desprotección a la agricultura tradicional, que conllevan grandes perjuicios para nuestros países.
En el caso de las negociaciones de los países andinos con los EEUU para la firma de un TLC no se incorporan procesos de participación ciudadana y el acceso a la información es inexistente. El TLC se percibe como algo impuesto y no como resultado de un ejercicio democrático.
EXIGIMOS:
La condonación inmediata y sin condicionamientos de la deuda concesional contraída con las instituciones financieras internacionales (IFIS) y los países del Grupo de los 7, a fin de reducir el peso del pago del servicio de la Deuda en los presupuestos públicos. Con esos recursos se debe promover el desarrollo nacional, especialmente en el sector agrícola y de los sectores menos favorecidos.
Que, todo apoyo de las IFIS debe ser orientado a la transformación de materias primas renovables y no renovables a fin de generar empleo, y no debe ser destinado a pagar requerimientos financieros. Ningún crédito debe ser realizado sin un debido sustento.
Que, todos los países acreedores deben ratificar y aplicar el Protocolo de Kioto a fin de salvaguardar el medio ambiente.
Que, la sociedad civil debe estar involucrada en la concertación de futuros créditos para asegurar el uso transparente de los recursos.
Que, los gobiernos impulsen el desarrollo de modelos tributarios justos y progresivos, descargando la excesiva presión tributaria a los trabajadores y consumidores de baja renta. Asimismo, deben grabar proporcionalmente las riquezas y utilidades, capitales, intereses y latifundios; y deben establecer controles de capitales para toda la región a fin de evitar operaciones de fugas de éstos e impedir operaciones de lavado y blanqueamiento del dinero.
Las deudas de las quiebras de bancos y empresas privadas no deben ser asumidas por el Estado, y si así fuera – sólo en salvaguarda de los intereses nacionales – los accionistas de dichas empresas deben garantizar con su patrimonio personal los avales que haya prestado el Estado.
La creación de un Código Financiero Internacional y de un Tribunal de Deuda que sea neutro, equitativo, transparente e imparcial, a fin de que permita distinguir la deuda corrupta y la deuda odiosa del financiamiento contraído efectivamente para el desarrollo, asimismo que sirva para solucionar los conflictos entre acreedores y deudores por las deudas impagables odiosas e ilegitimas.
La reducción del pago del servicio de deuda comercial a la real capacidad de pago de los estados que no exceda en ninguna circunstancia al 0.25% de los montos destinados para educación, salud, seguridad social, programas de vivienda y saneamiento. Lo que supone la eliminación inmediata de cartas de intención.
La actuación en conjunto y de manera articulada por parte de los gobiernos de la región a fin de que las IFIS sean reformadas (democratizando y priorizando el respeto de los derechos humanos) y recuperen su verdadero papel de agentes que solucionan crisis monetarias y que dejen de ser mecanismos de dominación.
Que, la Organización de Estados Americanos nombre a un Grupo de Trabajo que se encargue de analizar la relación de la Deuda con el disfrute de los Derechos Humanos.
Realización de auditorías completas en la deuda externa e interna de nuestros países, a fin de garantizar la total transparencia del proceso de endeudamiento pasado, presente y futuro.
En la negociación de los acuerdos de libre comercio debe desaparecer la posibilidad de que el financiamiento externo se califique como inversión y adquiera así una indebida protección.
Priorizar en todas las negociaciones comerciales y de integración las obligaciones en materia de derechos humanos, a las obligaciones de naturaleza comercial o financiera. Asimismo, que se proteja la producción agrícola, se retiren los subsidios y se impidan la importación de productos transgénicos.
La realización de consultas populares para la firma de estos tratados de libre comercio y la realización de estudios serios sobre sus Impactos sociales, económicos, culturales y ambientales.
Que, los gobiernos trabajen en la formulación de una propuesta de integración Latinoamericana y del Caribe que parta de nuestras necesidades, incluya nuestras propias perspectivas, en el marco de un desarrollo humano sostenible.
Garantizar el acceso de la población de América Latina, especialmente de aquella en pobreza y pobreza extrema al disfrute de salud y educación de calidad, vivienda digna, saneamiento y alimentación adecuada que les aseguren su capacidad de inserción en el mercado laboral.